Las declaraciones realizadas por el ministro de Ciencia Tecnología e Industrias Intermedias de Venezuela, Ricardo Menéndez, en las que anunció la distribución en el país de 2 millones de celulares a razón de 31 y 60 dólares, nos llenan de dudas e inquietudes.
Primero por lo escueto de las cifras, que fueran otras si el mismo Gobierno hubiese respetado sus propias metas. Hace 4 años, cuando se anunciaron las fábricas de Orinoquia y Vtelca, se ofreció una cantidad de por lo menos 4 millones de equipos de bajo precio con los cuales se abastecería el mercado nacional y del Alba.
Segundo, porque el Gobierno se jacta de impulsar una industria nacional que lamentablemente se transformó en una gran pantalla donde lo único que se exalta es el populismo. Se habla de innovación, cuando lo único que edificó es una maquila tecnológica, patrocinada por China, el gran maquilador del trabajo ciudadano.
Tercero, porque no queda claro cuáles son las negociaciones que Huawei y ZTE realizaron para establecer plantas de ensamblaje de sus modelos en Venezuela. Se debe recordar que Telefónica pidió condiciones arancelarias que hicieran viable la fabricación en el país de equipos. De lo contrario se hacía más costoso ensamblar en el país que traer los teléfonos ensamblados de China, Brasil o México, principales mercados de ensamblaje de los teléfonos que se venen en Venezuela.
La petición de Telefónica, no ha sido escuchada y esto también condicionó a otros jugadores del mercado que cesaron sus intentos de levantar líneas de producción en Venezuela.
¿Qué condiciones tienen Huawei y ZTE? ¿Establecen la colocación de equipos a través de los acuerdos de cooperación China-Venezuela? De ser así, cómo se explicaría que esos acuerdos de cooperación estén favoreciendo a dos empresas capitalistas que ahora compiten en condiciones en extremo favorables en Venezuela.
Cuarto, por qué limitar la comercialización de estos equipos sólo a Movilnet, condicionando al consumidor a adquirirlos en la operadora gubernamental. ¿Cómo queda la libre competencia?
Sin dudas, esta operación sería digna de una investigación contralora, que dejara claros los límites y alcance de los acuerdos de cooperación, para que los beneficiarios de ellos sean tanto los actores públicos como privados. Lamentablemente, esta petición, en Venezuela, es simplemente, inútil.
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