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| La masificación del uso de la firma electrónica supondría una redefinición de la economía venezolana |
Crismary Castillo Marengo @criscontuiter
El sábado 16 de julio, la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (Suscerte), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, entregó el Certificado Electrónico para el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías.
Chávez aclaró “que estamos en un mundo ya de siglo XXI. Tenemos que dar ese salto y la oportunidad es muy buena para dinamizar el Gobierno y buscar mayor eficiencia, mayor flexibilidad, delegación de funciones”.
Ahora bien, el uso de la Firma Electrónica se puso en marcha a través de la Autoridad Excepcional de Seguridad para Altos Funcionarios de la República Bolivariana de Venezuela creada sólo un día antes (15 de julio) de la entrega a Chávez del certificado electrónico.
El ministro del PP para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, Ricardo Menéndez destacó la legalidad del proceso. Menéndez declaró que la firma electrónica está avalada por una Ley que fue promulgada en revolución, haciendo referencia a la Ley de Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas aprobada en 2001.
Una década ha pasado desde que fue promulgada esta normativa y sólo hasta ahora, de un día para otro, literalmente, es que se apresura la puesta en marcha de la firma electrónica, para uso del presidente de la república y posteriormente, parte de su gabinete ministerial.
Esto resulta más una decisión gubernamental para prevenirle un problema legal al presidente Chávez, si comenzara a firmar documentos importantes de la nación sin estar presente en el país, pero, qué pasa con ese discurso de impulsar y profundizar la innovación en pro de mejorar la eficiencia del Estado en cuanto a los trámites (civiles, jurídicos, entre otros).
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