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Desde hace varios meses se han ido esgrimiendo diversos argumentos que han puesto en evidencia la acción del Gobierno Nacional por redefinir todo el escenario de la radiodifusión venezolana y la televisión por suscripción. Estas acciones tienen sus orígenes en los meses posteriores al fin de la concesión de Radio Caracas Televisión. Recuerdo que después de la salida del aire de RCTV muchos funcionarios, incluyendo ministros y diputados, argumentaron que no entendían “la lloradera” de los actores de la televisora de Quinta Crespo, pues, en un mes estarían en la grilla de las cableras.
Pensaban estos dirigentes, como también lo expusieron, que el peso de este canal se reduciría a niveles que lo harían poco impactante entre los venezolanos. Lo que no previeron estos funcionarios es que el pueblo, lejos de estar interesados en ver “La Entrevista” o “La bicha”, -- --programas que irrespetan al periodismo ético- se sentían dolidos por no ver su novela cerro arriba; fue tal la frustración que desde 2007 a la fecha ha habido un crecimiento exponencial en la penetración de la televisión por suscripción, en especial del servicio satelital, por ser el que llega al cerro.
Tampoco entendieron, los sesudos promotores de lo indefendible, que TVes, VTV y los demás canales de la televisión oficial, no tendrían más peso en el pueblo que la diezmada RCTV, pues se ve más en el cable que estos canales en señal abierta. ¿Qué hacer? Amedrentar, y revestir de legalidad y espíritu justiciero el interés político oficial ¿cómo lo hicieron? Con la denominada “democratización del espectro radioeléctrico”, que no es más que una muletilla, ambigua, sin sentido, que sólo puede seducir a los incautos.
Este disfraz de héroe- de algún funcionario-, tenía que venir de la mano con el interés de aprovecharse de una necesidad evidente que tienen los productores nacionales de televisión de tener condiciones dignas y equitativas de participación y alcance en la televisión por suscripción. Lo decía Ricardo Bravo en el Hormiga Analítica Nº18 “queremos condiciones más justas”. Es decir, había un motivo, que podría justificar acciones, no sólo con los operadores de televisión por suscripción, si no con las emisoras de radio y por supuesto Globovisión, canal que apenas se ve en señal abierta en Carabobo y el Distrito Capital, que no ha recibido concesiones para incrementar su señal, pero, que goza de un excelente rating-entre los 5 primeros canales de la televisión por suscripción-.
La orden fue dada. Una vez que el Presidente Chávez colocó a Conatel en el ministerio de Obras Públicas y Vivienda. Era evidente que las acciones vendrían. Primero los ataques con el sistema de TV paga, William Castillo, presidente de TVes lo expuso, hace algunos meses: “El sabotaje de la televisión por suscripción a la señal de TVes, Telesur, VTV, ANTV, ViveTV”. Esta denuncia fue desmentida por Cavetesu, a través de Mario Seijas, quien indicó que Conatel tiene gente en todas las cabeceras de las operadoras, gente que supervisa la calidad de la señal. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones nunca desmintió esto, por lo tanto, si hubo alguna falla, algún sabotaje, tuvo que ser avalado por Conatel o simplemente nunca existió. ¿Por qué entonces el Indepabis, sanciona a las cableras y no lo hace a Conatel por negligente? Si el motivo son las 300 denuncias, entonces que Indepabis, acuda a sus propias oficinas y revise las miles de denuncias que hacen los venezolanos por la especulación en el precio de las viviendas, los alimentos entre, otros insumos ¿o es que acaso allí se están protegiendo intereses?.
Es por ello que una acción evidentemente política, que se toma por la equivocada y parcializada postura de los medios privados, no puede disfrazarse de una acción democrática al servicio del pueblo.
Sí, es peligroso para la democracia tener medios de comunicación que sólo difunden lo que le interesa difundir, que irrespetan y son indiferentes ante la necesidad del país de contar con una televisión o radiodifusión con un mensaje de calidad. Pero, es más peligroso tener a un Gobierno-Estado empeñado en tomar control total del espectro radioeléctrico, bajo la excusa de ser el administrador de los bienes del pueblo. De establecerse un Nuevo Orden Nacional de la Información, dirigido y promovido desde Miraflores ¿qué tipo de televisión vamos a tener? ¿Mejorará la oferta de contenidos? Las pruebas demuestran que no pasará.
El Gobierno, que es Estado, ha utilizado a todos los medios de comunicación que están a su disposición, incluidos circuitos radiales y televisoras, para promover la revolución y hacer propaganda, nada, absolutamente nada puede hacer pensar que asumirá una actitud de arbitro. Se corre el riesgo que la televisión nacional y la radio se transformen en medios de propaganda o servicios informativos que nunca harán una denuncia donde se vean afectados los intereses de cualquier funcionario oficialista. Es decir, pasaríamos de un oligopolio en el manejo del espectro radioeléctrico a una autocracia comunicacional, revestida de democracia y de legalidad.
Escenarios como estos, donde el Gobierno juega redentor y defensor del pueblo, sólo para velar por sus intereses, merecen ser revisados con lupa por todo aquel que sienta el deseo de tener mejores medios de comunicación. ¿Por qué no hablar de los productores de Catia TV? Estas personas, quisieron levantar un servicio comunitario, pero, se vieron imposibilitados de crecer por no tener dinero, por depender de la pauta oficial, que a veces llegaba.
Por qué no establecer un fondo universal, donde los operadores de la televisión abierta, coloquen dinero para promover contenidos y la producción nacional audiovisual. ¿Por qué no hacer de esta discusión de la justa y necesaria democratización del espectro radioeléctrico un tema nacional, en donde participen todos? El debate no se da, porque sencillamente se trata de una guerra de intereses, entre el poder establecido y el que quiere imponerse.
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