martes, 24 de enero de 2012

¿Quién defiende el interés colectivo en Internet?


La política recula. Ser un congresista republicano, y encaminar una batalla contra Google, Facebook y Twitter fue una carga muy pesada para Lamar Smirth,  promotor de la controversial Ley Sopa que por cierto, y por los hechos ocurridos esta semana parece por lo menos innecesaria.
Los republicanos, ansiosos por recuperar el poder cometieron un error enorme en procura de conquistar a las mayorías estadounidenses, muy conectadas con las redes sociales.  Había entonces que recular, y dejar engavetada a la ley que si bien podía tener sentido, generaba más problemas que soluciones.
¿Era y es necesaria una ley de este tipo?  Si tomamos en cuenta lo ocurrido al líder de MegaUpload, Kim Schmitz podríamos responder que no. La ley tiene sus propias reglas que perfectamente pueden actuar en contra de  personas que cometan delitos, como el plagio y el robo a la propiedad intelectual de otro.
Sin embargo, los vericuetos de la ley  Stop Online Piracy Acts, tardarán en dilucidarse.  Obviamente el guiso que aderezaba esta SOPA pretendía cercenar de un solo tajo la dinámica de internet, que más temprano que tarde obligará a grandes industrias, que fundamentan sus ingresos en las patentes y propiedad intelectual, en variar sus estrategias para obtener ingresos.
El cambio llegó y ahora lo que quedan son adecuaciones de los grandes centros de poder, que controla los tiempos de internet.  Fue especialmente preocupante, y no me cabe la menor duda de esto, que tres empresas de internet, amenazaran con autocensurarse. Saben en Google, Facebook y Twitter que esta acciones limitarían las fuentes de información de los consumidores.  Mejor dicho, de miles de millones de consumidores.
Me genera especial preocupación porque estamos siendo extremadamente dependientes de servicios en línea que persiguen un interés netamente comercial, que actúan sin reparos atendiendo sus propias agendas.
Critico nuevamente  la estrategia de la industria cinematográfica y farmacéutica. Pero no puedo dejar de hacer mención a una táctica que es igualmente  castrante del derecho colectivo al libre flujo de información en la red.
 Por eso urge que se tomen medidas, sabias medidas, la protección del interés ciudadano debe estar por encima de los intereses económicos de algunos y las tácticas electorales o políticas de otros.
Es conveniente entonces una revisión de los modelos de negocios imperantes en la red y sobre todo un compromiso que puede incluso estar atado a Naciones Unidas y otros organismos supranacionales, que velen por el respeto a los intereses colectivos.  

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