Lo que hace escasamente quince días se consideró un cambio a la ley de Responsabilidad Social en radio y Televisión, solo para colocar como objeto de Ley a los medios radioeléctricos, era la punta del iceberg de un cambio radical en la LEY RESORTE que tendrá repercusiones incluso en los criterios que hoy día tenemos sobre la libertad de opinión e incluso de información. No sólo las páginas web, blogs y demás medios digitales deberán acatar los preceptos del estamento legal; en la reforma se limita y condiciona la inversión en servicios de telecomunicaciones, se limitan los tiempos de concesiones de uso del espectro y se somete a la ley el derecho ciudadano de ver incluso televisión. Cambios grotescos, que de un tajo aspiran un cambio radical en el concepto de nación que hasta ahora tenemos y que bregamos defender. Una democracia que mucho costó en conseguir y que con la nueva LEY RESORTE estará condicionada. ¿Puede haber democracia condicionada?
Es insensato, que se cambie de tal forma las bases del país. En tiempos de globalidad, de acceso pleno a la información. Esta reforma deja al Estado venezolano al margen de cualquier principio de equidad y de civilidad. Mientras, los ciudadanos asumimos con impotencia los cambios.
Resulta indefendible que el Gobierno prohíba la irreverencia. Un oprobio que recuerda la era estalinista donde nadie podía criticar al tirano. Es imposible encontrar tan solo un elemento que permita justificar una reforma tan extensa, sin una justificación válida que la sustente.
Por más que se intente defender, la nueva Ley Resorte, acomoda la información y el uso del espectro radioeléctrico a los intereses del Gobierno de Turno, obviando que el deseo de más de la mitad de la población es enterarse de noticias críticas a su administración.
No aceptar la disidencia, considerar que el espectro es un bien individual, supeditado al Gobierno y a su visión del interés colectivo es una excusa barata que ahora también llevará estos preceptos opresores a internet.
El problema general no es el maltrato a los derechos de la audiencia de Globovisión y de Noticias 24. Estos medios han sido la excusa perfecta que tomó el Gobierno para justificar una acción que desvela un interés hasta ahora cuestionado por sectores menos radicales: la opresión informativa.
No hay manera de medir las consecuencias en el corto y mediano plazo. No sabemos a ciencia cierta que pasará con Twitter y con las expresiones expuestas en esta red social. Tampoco sabremos que le pasará a los medios independientes, como Hormiga Analítica, si alguna de las opiniones o comentarios redactados por nosotros o nuestros lectores llega a ser considerado violatorio de la Ley.
Sabemos que el Presidente de la república se adosará el derecho de ofender y seguir descalificando a sus críticos. Nadie podrá responderle, porque hacerlo, podría considerarse como delito. Un horror que muchos venezolanos nacidos en democracia creímos se había quedado en la era de la Seguridad Nacional, o en las patéticas acciones de los adecos que sobornaban y oprimían medios críticos. ¿En qué se diferencias nuestras autoridades de aquellas que atacaban a los medios de principios del siglo XX? El temor que generó en la era de Gómez las caricaturas de Leoncio Martínez en Fantoches, ahora se repite, solo que ahora se arremete contra la televisión e internet y contra el derecho ciudadano a escuchar, leer y decidir de qué manera quiere informarse.
Más allá del incierto futuro presente a que nos enfrentaremos como sociedad; la nueva Ley Resorte será un lunar que avergonzará a las futuras generaciones que no entenderá por qué un Gobierno, que cínicamente se aprovecha de la democracia, la desmonta y la condiciona a su propio molde.
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