Los jueces mexicanos podrán pedir desde hoy a las operadoras de telecomunicaciones información sobre usuarios telefónicos en la investigación de secuestros, informó el lunes el Consejo de la Judicatura.
La regulación que entra en vigor responde a las reformas de orden laboral aprobadas en materia de secuestros, uno de los delitos más frecuentes en México, a cargo habitualmente de bandas de la delincuencia organizada.
Los juzgados serán ahora competentes para, a petición de la fiscalía federal, pedir a las operadoras telefónicas información sobre números telefónicos, llamadas, suspensión de líneas y otros datos.
No obstante, estará limitado a una serie de juzgados especiales especializados en registros domiciliarios, detención preventiva e intervención de comunicaciones, creados en 2008 en el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
Dicho acuerdo, compuesto por 74 puntos y suscrito por los tres poderes del Estado y diversos sectores, respondió a una ola ciudadana de indignación ante la inseguridad en el país. Su cumplimiento no ha sido todo lo exhaustivo que se pretendía.
Según datos oficiales, en México se cometen cerca de tres secuestros por día (1.181 casos en 2009, un 40 por ciento más que en 2008 y casi el doble que en 2006). Las estimaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señalan que sólo uno de cada cuatro secuestros se denuncia.
Con la tasa de secuestros en alza en los últimos años y un alto grado de impunidad, la medida prevé abatir la incidencia de este delito.
El año pasado, con objeto de frenar las extorsiones telefónicas, se aprobó un registro obligatorio para los usuarios, aunque ello ha potenciado el mercado negro de teléfonos robados. Parte de las extorsiones y las llamadas de secuestro proceden de reos en los penales estatales, al menos en el Distrito Federal. EFE
La regulación que entra en vigor responde a las reformas de orden laboral aprobadas en materia de secuestros, uno de los delitos más frecuentes en México, a cargo habitualmente de bandas de la delincuencia organizada.
Los juzgados serán ahora competentes para, a petición de la fiscalía federal, pedir a las operadoras telefónicas información sobre números telefónicos, llamadas, suspensión de líneas y otros datos.
No obstante, estará limitado a una serie de juzgados especiales especializados en registros domiciliarios, detención preventiva e intervención de comunicaciones, creados en 2008 en el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
Dicho acuerdo, compuesto por 74 puntos y suscrito por los tres poderes del Estado y diversos sectores, respondió a una ola ciudadana de indignación ante la inseguridad en el país. Su cumplimiento no ha sido todo lo exhaustivo que se pretendía.
Según datos oficiales, en México se cometen cerca de tres secuestros por día (1.181 casos en 2009, un 40 por ciento más que en 2008 y casi el doble que en 2006). Las estimaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señalan que sólo uno de cada cuatro secuestros se denuncia.
Con la tasa de secuestros en alza en los últimos años y un alto grado de impunidad, la medida prevé abatir la incidencia de este delito.
El año pasado, con objeto de frenar las extorsiones telefónicas, se aprobó un registro obligatorio para los usuarios, aunque ello ha potenciado el mercado negro de teléfonos robados. Parte de las extorsiones y las llamadas de secuestro proceden de reos en los penales estatales, al menos en el Distrito Federal. EFE
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