Cuando la política se apodera de todos los espacios de discusión, se corre el grave riesgo de desvirtuar los motivos que pudieran conducir a una justa causa. De la misma forma, el partidismo, el proselitismo y adulancia culminan por catapultarse como los verdaderos impulsores, tácitos, de cualquier iniciativa, que, en su esencia, pudo traer mejoras a una causa determinada.
Un ejemplo de este turbio panorama lo apreciamos con la más reciente discusión que el diputado Manuel Villalba, impulsa dentro de la Asamblea Nacional, para propiciar una Ley para los servicios de televisión por suscripción.
Dicen los promotores de la Ley que dicho texto legal persigue mejoras al actual sistema de televisión paga. Postulan que debe haber un incentivo a la producción de contenidos locales, de cara región, que vendría de la mano con un estímulo a los canales regiones y las llamadas productoras nacionales de televisión para que estén en las grillas de programación de las llamadas cableras-aunque también se incluirá a DirecTV y Telefónica- sin tener que pagar un centavo por ello. La única condición, que postulan los diputados defensores de dicho estatuto es que ese ahorro del productor regional debe venir de la mano con más inversiones para hacer mejores contenidos, generar más empleo y promover la producción y la innovación local.
También comentan los postulantes de esta posible ley de la república que los usuarios deben tener más poder de decisión, más información de los productos que están comprando y más garantías tecnológicas para evitar riesgos con la calidad del servicio.
Los críticos
En los últimos años, la televisión por suscripción venezolana ha pasado de ser un servicio de lujo, sólo accesible a unos pocos, a un producto masivo, que no sólo se limita a la oferta de programas y canales; ahora incluye acceso a internet y telefonía. La diversificación de los servicios de difusión por suscripción vino de la mano con el incremento de su penetración, 30% de los hogares venezolanos compran para ver televisión.
Esto quiere decir, que buena parte de la población, de todos los estratos sociales, ven televisión a través de algún operador del servicio, eso sin mencionar a quienes tienen tomas ilegales. Estas cifras sirven de base para los críticos del proyecto de ley; aseguran que al ser un medio estratégico, que está de cierta manera desligado de las cadenas presidenciales y del dominio mediático gubernamental, impide que la propaganda oficial llegue de forma directa a todos los venezolanos.
Si a esto se le suma que Radio Caracas Televisión y Globovisión son dos de los canales más vistos en las grillas de programación de “las cableras”, la posibilidad de que algún interés político prive a la hora de alguna decisión coge relativa fuerza.
Los intereses de pocos
El tema, álgido, ha obviado un tercer elemento. Hace pocos días Mario Seijas, presidente de la Cámara Venezolanas de Empresas de Televisión por Suscripción (Cavetesu) argumentaba que algunos productores nacionales de televisión, se han valido de algunas amistades en el seno de la Asamblea Nacional, que los exonere de toda culpa, ante diversas deudas que acarrean a las operadores de televisión por suscripción. Al hacer ley que un canal regional entre a la grilla de programación sin pagar un centavo, es una idea que pudo ser inducida por algún interés económico o algún deseo de tomar oxígeno ante las pocas opciones de ingresos que tienen estos canales regionales.
Ante esto, el diputado Luis Tascón, miembro de la comisión de ciencia y tecnología, que promueve esta ley en la Asamblea Nacional, conversó con Hormiga Analítica y esboza que si bien cualquier contrato que ate a algún canal regional quedaría exonerado una vez aprobada la ley, no sería vinculante con deudas. Es decir, quien deba a la cablera deberá pagar. Los detalles de la entrevista con este parlamentario están en esta Hormiga Analítica.
Ahora bien, lo que no queda claro, son las condiciones en las cuales un operador nacional de televisión podrá entrar en la grilla de programación. ¿Si debe dinero? Podrá entrar sin ninguna condición que garantice el pago? ¿Estaría condicionada su incursión en la grilla luego de un convenio de pago?
Los usuarios
Uno de los elementos que más preocupa de esta ante proyecto de Ley, que ahora está también en las manos de la comisión de Medios de la Asamblea Nacional, son las lagunas que podría dejar, al haber un clima tan exageradamente político a su alrededor.
No se trata de que se permita la libre de difusión de pornografía, pues ningún canal productor de contenidos lo hace libremente. Se trata de que la mano del Estado podría entrar de manera legal a un servicio que el usuario decide adquirir, con pleno uso de sus capacidades mentales y económicas. Preocupa enormemente que aras de mejores contenidos, se cree una cortina de humo que promueva la propaganda política en un sistema de televisión que ha sido una alternativa para muchos venezolanos que no tienen mejores opciones en la programación de la televisión abierta.
Sería un atentado contra la libertad de decisión, que es tan importante como la libertad de expresión. En definitiva, el paternalismo y la adulancia no pueden cruzar la delgada línea que lo separa de la opresión y la imposición.
Por otra parte, nadie, absolutamente nadie, puede estar en contra de los incentivos a la producción local de contenidos. Pero estimo que estos estímulos podrían haberse agregado a la ley de telecomunicaciones, a la Ley Resorte e incluso la Locti. Pues, al hacer ley la promoción, creación y masificación de canales de televisión regionales, adecuados a la forma de ser de cada región del país, se estaría beneficiando enormemente el progreso de esa ciudad, pueblo o caserío.
Más aún, si nos estamos preparando para una Televisión Digital, sería conveniente estimular estos canales locales a través de un marco legal mucho más amplio y menos limitante que el de una ley para la televisión por suscripción.
Los riesgos
Más allá de la política, siempre inmiscuida, genera alarma que los diversos canales educativos, culturales e infantiles, que no existen en nuestra televisión abierta, se vean alterados con contenidos abiertamente políticos. No tendrían argumentos los promotores de estas leyes para justificar lo injustificable
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